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La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y rechazó e…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y rechazó el recurso de protección interpuesto por una estudiante contra la Universidad Santo Tomás, que le negó la inscripción de ramos para el segundo semestre de 2024 por deudas arancelarias. El máximo tribunal estimó que la negativa se ajusta a derecho, pues se funda en la reglamentación interna de la casa de estudios y en el contrato de prestación de servicios educacionales, respondiendo a una política general de cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Además, señaló que las obligaciones derivadas del contrato deben cobrarse por los medios legales establecidos y no mediante actos de autotutela, pero que la acción cautelar no es la vía idónea para declarar derechos preexistentes e indubitados, ya que la materia discutida excede su ámbito de protección.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1, 2, 3, 10 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 2° de la Ley N°21.091 sobre educación superior
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede una universidad negar la inscripción de ramos a un estudiante por tener deudas arancelarias pendientes?

En este caso, la Corte Suprema estimó que sí, porque la negativa se funda en la reglamentación interna de la casa de estudios y en el contrato de prestación de servicios educacionales, respondiendo a una política general de cumplimiento de obligaciones pecuniarias.

¿Es el recurso de protección la vía adecuada para discutir el cobro de deudas arancelarias entre un estudiante y una universidad?

En este caso, la Corte Suprema señaló que la acción cautelar no es la vía idónea para declarar derechos preexistentes e indubitados, pues la materia discutida excede su ámbito de protección.

¿Puede una universidad cobrar las deudas arancelarias de un estudiante mediante actos de autotutela?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que las obligaciones derivadas del contrato deben cobrarse por los medios legales establecidos y no mediante actos de autotutela.

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