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El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, referido a la publicación de información sobre el personal de planta y sus remuneraciones. El servicio explicó que ciertos pagos elevados correspondían a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.921 y certificó que los antecedentes publicados comprendían la totalidad de su dotación. Tras contrastar las obligaciones legales y reglamentarias con la denuncia, los hallazgos de la fiscalización y los antecedentes recabados, el Consejo concluyó que no existía infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia ni 51 de su Reglamento. Por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó rechazar el reclamo y encomendó al Director General notificar la decisión a la parte reclamante y al director del servicio, dejando a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Resolución Exenta N° 500
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 20.921
  • Ley N° 18.575
  • Código del Trabajo
  • Resolución Exenta N° 500 de 2022
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
reclamoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Basta que un servicio de salud certifique que publicó la totalidad de su dotación para desestimar un reclamo de transparencia activa sobre remuneraciones?

En este caso, el servicio certificó que los antecedentes publicados comprendían la totalidad de su dotación y explicó que ciertos pagos elevados correspondían a la bonificación por retiro voluntario de la Ley N° 20.921, lo que el Consejo consideró al rechazar el reclamo.

¿Qué plazo existe para presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones tras una decisión del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo dejó a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, al rechazar por unanimidad el reclamo por transparencia activa.

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