Resumen del criterio jurisprudencial
El deber de consulta es una obligación jurídica impuesta a los gobiernos federales y provinciales cuando una acción estatal puede afectar derechos o títulos aborígenes potenciales o reconocidos. Su fundamento radica en el principio del honor de la Corona, conforme fue establecido en el precedente “Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)”, en el cual se determina que el gobierno debe actuar de buena fe en su relación con los pueblos indígenas.