Resumen
El presente artículo tiene por objeto llevar a cabo un análisis de la pena de inhabilitación y suspensión de cargos y oficios públicos regulada en los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal. A través de su estudio busca responder la pregunta acerca de su aplicación a los funcionarios de la Administración del Estado contratados bajo el régimen de honorarios, cuando han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. La propuesta interpretativa se funda en una comprensión del hecho punible como un constructo interpretativo que distingue entre norma de comportamiento y norma de sanción. Si la norma de sanción es un reproche jurídico penal –compuesto en este caso por penas privativas de derechos ya como pena principal, o como pena accesoria– impuesto en virtud de la infracción de una norma de conducta, el resguardo de una interpretación coherente con el sistema de penas privativas de derechos, impone la exigencia de hacer extensiva su aplicación a todos quienes sean destinatarios de los deberes propios de los funcionarios públicos conforme al artículo 260 del Código Penal. De esta manera, una pregunta que inicialmente acudía al contenido de la sanción, se responde a través del fundamento de la misma.