El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación presentada por un e…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2024
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación presentada por un empresario en representación de una empresa oferente contra la Universidad de Santiago de Chile, a raíz de una licitación pública para la provisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado de televisión. El tribunal declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación y la resolución que adjudicaron el proceso, en la parte que calificaron el criterio de cumplimiento de requisitos formales de la oferta de la empresa adjudicataria y le adjudicaron la licitación, porque dicha oferta no acompañó la ficha técnica de un producto exigida en las bases administrativas y técnicas, omisión que debió generar su inadmisibilidad o al menos un descuento de puntaje, y porque se otorgó un trato desigual al no requerir a la adjudicataria el documento faltante mientras sí se solicitó a otros oferentes. El tribunal reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnizaciones civiles y perseguir responsabilidades administrativas y disciplinarias, y dispuso que cada parte pague sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una oferta no acompaña un documento exigido en las bases de una licitación pública?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que la omisión de la ficha técnica de un producto exigida en las bases debió generar la inadmisibilidad de la oferta o, al menos, un descuento de puntaje en su evaluación.
¿Puede impugnarse la adjudicación de una licitación si se dio un trato desigual entre oferentes?
En este caso, el Tribunal acogió la impugnación porque se otorgó un trato desigual al no requerir a la adjudicataria el documento faltante mientras sí se solicitó a otros oferentes, declarando ilegal y arbitraria la adjudicación.
¿Qué puede demandar un oferente perjudicado tras acoger el Tribunal de Contratación Pública su impugnación?
En este caso, el Tribunal reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnizaciones civiles y a perseguir responsabilidades administrativas y disciplinarias, disponiendo que cada parte pague sus costas.
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