La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración de of…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración de oficio presentada por un ex funcionario municipal que pretendía el bono de la ley N° 20.305. El órgano fiscalizador constató que el requirente cumplió 65 años de edad en abril de 2009, pero solicitó el beneficio en noviembre de 2010 y cesó en su cargo en enero de 2011, es decir, fuera del plazo de 12 meses que la ley exige para ambas condiciones. Por ello confirmó el oficio impugnado, al no cumplir el interesado la totalidad de los requisitos legales. Asimismo, rechazó el reclamo contra la Tesorería General de la República, pues conforme al artículo 13 de la ley N° 19.041 esa repartición puede verificar el cumplimiento de los requisitos y abstenerse de pagar el bono si detecta un incumplimiento.
Normas citadas
ley 20305 art/1
ley 20305 art/2 num/5
ley 19041 art/13
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el bono de la ley 20.305 si el solicitante cumplió 65 años pero no pidió el beneficio dentro del plazo de 12 meses desde que cumplió esa edad?
En este caso, la Contraloría General de la República confirmó el rechazo porque el interesado cumplió la edad requerida, pero solicitó el bono fuera del plazo de 12 meses que exige la ley, por lo que no cumplió la totalidad de los requisitos legales.
¿Puede la Tesorería General de la República negarse a pagar el bono de la ley 20.305 si detecta que el beneficiario no cumple los requisitos?
Según este dictamen, sí: conforme al artículo 13 de la ley 19.041, la Tesorería puede verificar el cumplimiento de los requisitos y abstenerse de pagar el bono si detecta un incumplimiento, por lo que la Contraloría rechazó el reclamo en su contra.
¿Qué efecto tiene que el cese en el cargo municipal ocurra fuera del plazo legal para acceder al bono de la ley 20.305?
En este caso, la Contraloría constató que el requirente cesó en su cargo fuera del plazo de 12 meses que la ley exige, lo que, sumado a la solicitud tardía, impidió acreditar la totalidad de los requisitos para el beneficio.
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