Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había acogido el recurso de protección interpuesto por Quintanilla contra la Tesorería General de la República. El acto recurrido consistía en la emisión, notificación y ejecución de actuaciones administrativas de cobro de una deuda por financiamiento de estudios superiores bajo la Ley N°20.027, mediante el procedimiento ejecutivo del Código Tributario. La Corte reitera que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes. Señala que la pretensión del recurrente buscaba definir la naturaleza jurídica del crédito y determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable, cuestiones que exceden la naturaleza cautelar del recurso. Por ello, revoca la sentencia apelada y rechaza el recurso de protección interpuesto. La decisión se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución y en el Auto Acordado sobre la materia.