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El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de control preventivo de constitucional…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, remitido por la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto incorporaba el artículo 16 ter a la ley N° 20.530, creando el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados. El Tribunal analizó su competencia conforme al artículo 93 N° 1 de la Constitución y concluyó que carece de iniciativa de oficio ni habilitación expresa para ejercer dicho control preventivo obligatorio, rigiendo el principio de pasividad. Por ello, determinó que la legitimación para activar el control corresponde al Congreso Nacional y, en consecuencia, rechazó la solicitud.

Normas citadas

  • artículo 38, inciso primero
  • artículo 66, inciso segundo
  • artículo 113, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional de bases de la Administración PúblicaLey Orgánica Constitucional del Gobierno Regional

Preguntas frecuentes

¿El Tribunal Constitucional puede realizar de oficio el control preventivo de un proyecto de ley?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que carece de iniciativa de oficio ni de habilitación expresa para ejercer el control preventivo obligatorio, por lo que rige el principio de pasividad.

¿Quién puede activar el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal concluyó que la legitimación para activar el control preventivo corresponde al Congreso Nacional, y por eso rechazó la solicitud presentada.

¿Qué ocurre si se presenta ante el Tribunal Constitucional una solicitud de control preventivo que no fue activada por el órgano legitimado?

El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de control preventivo del proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, al estimar que no tenía competencia para pronunciarse de oficio y que la legitimación recaía en el Congreso Nacional.

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