La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos cuestiones relativas a la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos cuestiones relativas a las instalaciones de concesionarios eléctricos y sanitarios en las fajas adyacentes a caminos públicos. Primero, concluyó que estos concesionarios deben contar con autorización de la Dirección de Vialidad para emplazar sus instalaciones en dichas fajas, autorización que debe limitarse a las exigencias necesarias para la seguridad vial. Segundo, determinó que el costo de los traslados de instalaciones eléctricas y sanitarias ordenados por Vialidad a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 19.474 corresponde al respectivo propietario. Para ello, reconsideró la jurisprudencia previa que limitaba la aplicación temporal del artículo 41, inciso final, sólo a concesiones otorgadas con posterioridad a esa ley, por tratarse de una norma de Derecho Público que rige in actum. Asimismo, descartó que esta aplicación vulnere el principio de irretroactividad, por cuanto no alcanza a los traslados dispuestos con anterioridad.
Normas citadas
DFL 850/97 MOOPP art/41 inc/1
ley 15840
DFL 260/60
DFL 850/97 MOOPP art/41 inc/3
DFL 850/97 MOOPP art/41 inc/4
DFL 4/2006 ECONO
DFL 1/82 MINER art/15
DFL 1/82 MINER art/55
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Necesitan los concesionarios eléctricos y sanitarios autorización de Vialidad para instalar redes en las fajas adyacentes a caminos públicos?
Sí. La Contraloría concluyó que estos concesionarios deben contar con autorización de la Dirección de Vialidad para emplazar sus instalaciones en esas fajas, y que dicha autorización debe limitarse a las exigencias necesarias para la seguridad vial.
¿Quién paga el traslado de instalaciones eléctricas o sanitarias ordenado por Vialidad en caminos públicos?
En este caso, la Contraloría determinó que el costo de los traslados ordenados por Vialidad desde la entrada en vigencia de la ley N° 19.474 corresponde al propietario de la instalación. Para ello reconsideró su jurisprudencia previa, al tratarse el artículo 41, inciso final, de una norma de Derecho Público que rige in actum.
¿Vulnera la aplicación del costo de traslado a las instalaciones existentes el principio de irretroactividad?
No, según la Contraloría. En este caso, descartó que esta aplicación vulnere la irretroactividad, porque la norma no alcanza a los traslados que se dispusieron con anterioridad a la ley N° 19.474.
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