La Superintendencia de Seguridad Social emitió un dictamen sobre el subsidio por discap…
Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2010
Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social emitió un dictamen sobre el subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años contemplado en el artículo 35 de la Ley N°20.255, vigente desde julio de 2008. Una persona consultó al organismo, tras haber sido beneficiada su hija con dicho subsidio mediante una resolución, para saber si la menor podía ser causante de asignación familiar y qué sistema de salud le correspondía como beneficiaria. La Superintendencia respondió que el subsidio del artículo 35 es incompatible con el subsidio familiar y con la asignación familiar, y que sus beneficiarios tienen derecho a asistencia médica gratuita conforme al DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en la forma prevista para las personas carentes de recursos.
Normas citadas
DFL 1 de 2006 Minsal
Ley 18.600
Ley 20.255
Ley 20.255, artículo 35
Preguntas frecuentes
¿El subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años es compatible con la asignación familiar?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social sostuvo que el subsidio del artículo 35 de la Ley N°20.255 es incompatible con el subsidio familiar y con la asignación familiar, por lo que un menor beneficiado con él no puede ser causante de asignación familiar.
¿Qué sistema de salud corresponde a un menor beneficiario del subsidio por discapacidad mental?
En este caso, la Superintendencia señaló que los beneficiarios del subsidio del artículo 35 tienen derecho a asistencia médica gratuita conforme al DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en la forma prevista para las personas carentes de recursos.
¿Desde cuándo rige el subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años de la Ley N°20.255?
En este caso, la Superintendencia indicó que el subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años contemplado en el artículo 35 de la Ley N°20.255 está vigente desde julio de 2008.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.