El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inaplicable el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos resulta desproporcionada e inequitativa, vulnerando los principios de proporcionalidad y racionalidad de los artículos 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución, pues la privación de libertad debe ser excepcional y las penas sustitutivas buscan la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al considerar que el legislador puede fijar marcos penales y restringir la discrecionalidad judicial dentro de límites constitucionales, sin afectar la individualización de la pena, y que la norma persigue un fin legítimo de control de armas. Finalmente, desestimó el requerimiento por falta de fundamento plausible, al tratarse de una impugnación de una resolución judicial de mera legalidad, que corresponde resolver a los tribunales de fondo.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadConstitucionalidad De Decreto SupremoDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos Personales
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la exclusión de penas sustitutivas que establece la Ley 18.216 para ciertos delitos?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, por estimar que la exclusión de penas sustitutivas es desproporcionada e inequitativa y vulnera los principios de proporcionalidad y racionalidad de la Constitución.
¿Es constitucional que la ley restrinja la discrecionalidad del juez al fijar la pena por un delito de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley 17.798, al considerar que el legislador puede fijar marcos penales y restringir la discrecionalidad judicial dentro de límites constitucionales, sin afectar la individualización de la pena.
¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad contra una resolución judicial que solo cuestiona su legalidad?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento por falta de fundamento plausible, pues se trataba de una impugnación de una resolución judicial de mera legalidad, que corresponde resolver a los tribunales de fondo.
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