Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución exenta N° 437, de 2011, de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación, que aplicó medidas disciplinarias derivadas de un sumario administrativo: una multa del 5% de la remuneración mensual a un ex funcionario y censuras a otros tres funcionarios, por ajustarse a derecho. Sin embargo, el organismo advirtió que, en futuros procesos disciplinarios, el fiscal deberá cumplir con las formalidades de los artículos 131, inciso segundo, y 132 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, requerir a los declarantes que fijen domicilio y apercibir a los inculpados sobre implicancias o recusaciones, lo que no se hizo en este caso. Además, se recordó que, conforme a los artículos 139 y 140 del mismo Estatuto, el fiscal solo puede proponer la absolución o sanción en su dictamen, y no en las fojas del expediente en que lo hizo.