La mayoría del Tribunal Constitucional, al rechazar el requerimiento de inaplicabilidad…

Resumen

La mayoría del Tribunal Constitucional, al rechazar el requerimiento de inaplicabilidad, establece que las penas sustitutivas no operan automáticamente por el solo ejercicio de la ley, sino que están sujetas al cumplimiento de diversos requisitos, siendo la imposición de una pena sustitutiva una facultad del juez. Además, la política criminal es facultad del legislador dentro de los límites constitucionales, quien tiene libertad para proteger bienes jurídicos, incluyendo la posibilidad de establecer penas principales, accesorias y sanciones administrativas. El Tribunal argumenta que no existe un derecho subjetivo a penas sustitutivas y que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites a la política criminal, pero no crea derechos a penas sustitutivas. La determinación de delitos conlleva la imposición de penas penales, y la Constitución autoriza la privación de libertad bajo ciertos supuestos. La supresión de penas sustitutivas no es discriminatoria, y el legislador puede establecer un tratamiento distinto, justificándose en finalidades constitucionalmente legítimas. Se considera que los argumentos de la parte requirente no han planteado un test de igualdad que permita ponderar situaciones comparables y que, en el caso de control de armas, el legislador puede establecer sanciones, incluyendo la exclusión de penas sustitutivas.