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El Tribunal Calificador de Elecciones conoció de una apelación en un asunto de probidad…

Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2025

Resumen

El Tribunal Calificador de Elecciones conoció de una apelación en un asunto de probidad administrativa originado en un sumario instruido por la Contraloría Regional de Atacama contra un ex alcalde de la Municipalidad de Vallenar, a quien se le imputaba haber delegado funciones municipales en un tercero ajeno al municipio y haber asistido a una reunión oficial acompañado de su pareja. El tribunal, apreciando los hechos como jurado, concluyó que no se acreditó la delegación de funciones propiamente municipales ni la autorización a un tercero para realizarlas, y que la asistencia de la pareja, aunque desaconsejable, carecía de la gravedad exigida por la ley para configurar una contravención a las normas de probidad administrativa. Por ello, desestimó los cargos y confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando la medida de remoción y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Normas citadas

  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 18.575
TRICELjusticia electoralApelación

Preguntas frecuentes

¿Qué gravedad debe tener una conducta para configurar una contravención a las normas de probidad administrativa?

En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones concluyó que la asistencia de la pareja a una reunión oficial, aunque desaconsejable, carecía de la gravedad exigida por la ley para configurar una contravención a las normas de probidad administrativa.

¿Basta la delegación de funciones a un tercero ajeno al municipio para sancionar por probidad administrativa?

En este caso, el tribunal estimó que no se acreditó la delegación de funciones propiamente municipales ni la autorización a un tercero para realizarlas, por lo que desestimó ese cargo.

¿Procede la remoción e inhabilitación para cargos públicos si no se acreditan los cargos de probidad administrativa?

En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones, al desestimar los cargos, confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la medida de remoción y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

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