El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 199 del DFL N° 1 de 2006, del Ministerio de Salud, que regula las tablas de factores de precio de los planes de salud de las Isapres. El requirente sostenía que dicha norma, aplicada en una gestión pendiente ante la Corte Suprema, vulneraba la Constitución. El Tribunal declaró improcedente el requerimiento porque los preceptos impugnados no resultaban decisivos para resolver la gestión pendiente, ya que el recurso de apelación se encontraba en estado de acuerdo, con mayoría formada y sentencia en redacción, por lo que una eventual declaración de inaplicabilidad no incidiría en su resultado. Tres ministros concurrieron al rechazo sin compartir los fundamentos, precisando que la gestión ya no tenía el carácter de pendiente según la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
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Preguntas frecuentes
¿Es procedente un requerimiento de inaplicabilidad si la gestión pendiente ya está en estado de acuerdo y con sentencia en redacción?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el requerimiento porque los preceptos impugnados no resultaban decisivos para resolver la gestión pendiente, ya que el recurso de apelación se encontraba en estado de acuerdo, con mayoría formada y sentencia en redacción.
¿Qué ocurre si la norma impugnada en inaplicabilidad no es decisiva para resolver la gestión pendiente?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento al considerar que los preceptos impugnados no resultaban decisivos para resolver la gestión pendiente, pues una eventual declaración de inaplicabilidad no incidiría en su resultado.
¿Puede el Tribunal Constitucional rechazar un requerimiento de inaplicabilidad porque la gestión ya no tiene el carácter de pendiente?
En este caso, tres ministros concurrieron al rechazo sin compartir los fundamentos, precisando que la gestión ya no tenía el carácter de pendiente según la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
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