El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por supuesta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por supuesta infracción a las normas de transparencia activa presentado por una sociedad contra la Municipalidad de Santiago. La reclamante no cuestionaba la publicación de información en los sitios electrónicos del órgano, sino que buscaba que se le pagara una factura y se le diera respuesta al respecto. El Consejo concluyó que no existía infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, y que el reclamo carecía de un elemento habilitante, por lo que lo declaró inadmisible. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede el Consejo para la Transparencia conocer un reclamo de transparencia activa si la persona solo busca el pago de una factura?
En este caso, el Consejo concluyó que la reclamante no cuestionaba la publicación de información en los sitios del órgano, sino el pago de una factura, por lo que no existía infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento y el reclamo fue declarado inadmisible por carecer de un elemento habilitante.
¿Qué plazo y vía tiene quien quiere impugnar una decisión de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia en materia de transparencia activa?
En este caso, se señala que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición contra esta decisión.
¿Qué debe acreditar un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa para ser admitido por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo carecía de un elemento habilitante, pues la reclamante no cuestionaba la publicación de información exigida, por lo que lo declaró inadmisible al no existir infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
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