Inteligencia artificial y derecho en Chile: guía 2026

Cuando se habla de «IA en el derecho» en Chile se habla, sobre todo, de modelos de lenguaje: sistemas que leen y redactan texto. En la práctica jurídica se usan como asistentes —encuentran fallos, resumen expedientes, comparan contratos, transcriben audios— y no como reemplazo del abogado ni del juez. El criterio, la estrategia y la firma siguen siendo de la persona.

El tema tiene tres frentes que conviene separar: la regulación (qué reglas se aplican a quien desarrolla o usa IA), el uso profesional (cómo la emplean abogados, estudios y tribunales) y los riesgos (errores, citas falsas, confidencialidad). Esta guía recorre los tres con fuentes oficiales y fecha de consulta.

Como marco de política pública, Chile cuenta desde 2021 con una Política Nacional de Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia, actualizada en 2024^[10]. Es una hoja de ruta, no una ley: no crea obligaciones exigibles.

El proyecto de ley de inteligencia artificial

• Qué es: el proyecto «Regula los sistemas de inteligencia artificial», iniciado por mensaje del Ejecutivo el 7 de mayo de 2024 (boletín 16821-19) y refundido con una moción parlamentaria anterior (boletín 15869-19)^[1].
• Enfoque por riesgo: no regula la tecnología en sí sino sus usos, y los clasifica en cuatro categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente. Fija principios para todos los operadores —entre ellos supervisión humana, transparencia y protección de datos—, crea un Consejo Asesor Técnico de IA y contempla sanciones de 5.000 a 20.000 UTM según la gravedad^[2][3].
• En qué etapa está: la Cámara de Diputados lo aprobó en general el 4 de agosto de 2025 y en particular el 13 de octubre de 2025, y lo despachó al Senado. El 14 de octubre de 2025 el Senado le dio cuenta y lo envió a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. A la fecha de esta guía figura «en tramitación», en segundo trámite constitucional, subetapa de primer informe de esa comisión, con urgencia simple; el último movimiento registrado es una renovación de urgencia dada en cuenta el 1 de septiembre de 2026^[1].
• Posible cambio de rumbo: en mayo de 2026 la ministra de Ciencia presentó a esa comisión la propuesta del Ejecutivo para una «ley marco» de IA, que se concretaría mediante indicaciones (probablemente una indicación sustitutiva). Como ejemplo de cambio se mencionó pasar de una revisión ex ante a una ex post^[4]. A la fecha de esta guía no encontramos registrada esa indicación en la tramitación oficial^[1], así que el texto final puede diferir bastante del aprobado por la Cámara.

La Ley 21.719 de datos personales

• Qué es: la ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y modifica la Ley 19.628^[5].
• Cuándo rige: su artículo primero transitorio fija la entrada en vigencia el día primero del mes vigésimo cuarto posterior a su publicación, esto es, el 1 de diciembre de 2026^[5][6]. El 1 de septiembre de 2026 el Gobierno ingresó al Senado el boletín 18623-07, que propone postergarla al 1 de diciembre de 2027; a la fecha de esta guía está en primer trámite, en la Comisión de Constitución, con suma urgencia^[6]. Hasta que ese cambio se apruebe y publique, la fecha legal es el 1 de diciembre de 2026.
• Qué exige (lo más relevante para la IA): principios de licitud y lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia y confidencialidad; derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo; el derecho a oponerse y a no ser objeto de decisiones basadas en tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente (artículo 8° bis, con excepciones); y una evaluación de impacto previa cuando el tratamiento implique, entre otros casos, decisiones automatizadas o perfiles con efectos jurídicos significativos, o tratamiento masivo^[5].

En la práctica, un estudio que use IA con datos de clientes debe mirar primero la Ley 21.719: es la norma que ya está aprobada y la que definirá qué puede subir a una herramienta y con qué resguardos.

Los usos que hoy se ven en la práctica chilena son, principalmente:

• Búsqueda de jurisprudencia: describir el problema en lenguaje natural y obtener fallos pertinentes, aunque usen otra terminología. Es el uso con más impacto en tiempo, y también el que más exige verificar, porque una cita equivocada termina en un escrito.
• Revisión de documentos: leer contratos o expedientes largos, marcar cláusulas, comparar versiones y preparar resúmenes para que el abogado decida.
• Transcripción: convertir audiencias, declaraciones o reuniones en texto para buscar y citar pasajes.
• Borradores: estructuras iniciales de escritos, correos o minutas que luego se corrigen.

Qué ha dicho el Poder Judicial

El documento oficial más claro es el Código de Ética Judicial, aprobado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en sus XXVIII Jornadas de Reflexión y formalizado en el Acta N° 244-2025, de 10 de noviembre de 2025. Su artículo 17, «Responsabilidad en el uso de Inteligencia artificial y nuevas tecnologías», reconoce que estas herramientas pueden aportar eficiencia, pero advierte que su uso «exige la máxima cautela». Establece que la decisión judicial es siempre una tarea humana, enumera riesgos (filtración de datos y de información reservada, delegación de la valoración de la prueba, sesgos, respuestas inexactas) y recomienda verificar siempre de manera independiente las respuestas, citas o referencias que provengan de sistemas de IA^[7].

Según informó la prensa en octubre de 2026, la presidenta de la Corte Suprema envió el 11 de agosto de 2026 un oficio a las cortes del país con un marco inicial de uso: Copilot Chat, dentro del acuerdo corporativo con Microsoft, como herramienta autorizada; verificación de citas; y constancia del rol de la IA cuando se use como apoyo. La misma nota indica que la Corte prepara una primera política de uso de IA^[9]. No encontramos el texto de ese oficio publicado en el sitio del Poder Judicial, por lo que lo reportamos como información de prensa.

Alucinaciones y citas falsas. Un modelo de lenguaje puede producir fallos, roles u obras que no existen, con apariencia perfectamente verosímil. En Chile ya hay consecuencias: el 3 de junio de 2026 el Poder Judicial informó que la Tercera Sala de la Corte Suprema (rol 23.322-2025) suspendió por un mes del ejercicio de la profesión y multó con 5 UTM a una abogada que, en un recurso de casación, atribuyó a dos profesores obras doctrinales inexistentes generadas por un chatbot de IA^[8].

Buenas prácticas que se desprenden de ese caso y del Código de Ética Judicial:

• Verificar cada fuente en el documento original antes de citarla: tribunal, rol, fecha y el pasaje exacto. Si la herramienta no entrega un enlace al original, trate la cita como no verificada.
• Cuidar la confidencialidad: antes de subir un expediente, revise qué hace el proveedor con los documentos, si los usa para entrenar modelos y dónde se guardan. La Ley 21.719 y el secreto profesional aplican aunque la herramienta sea gratuita.
• Mantener la responsabilidad profesional: el escrito lo firma el abogado. La IA no traslada la responsabilidad; un error de la herramienta es, frente al tribunal y al cliente, un error del profesional.
• Dejar registro de qué herramienta se usó y para qué, y revisar el resultado con el mismo estándar que el trabajo de un ayudante.

No hay una herramienta correcta para todos; depende del tipo de práctica. Estos criterios sirven para comparar cualquier opción, general o especializada:

• Fuentes chilenas: ¿busca en jurisprudencia y normativa chilena, o responde de lo que aprendió en su entrenamiento?
• Citas verificables: ¿cada afirmación trae tribunal, rol, fecha y enlace al documento original?
• Honestidad ante el vacío: ¿dice cuando no encuentra respaldo, o rellena?
• Tratamiento de datos: ¿explica qué hace con lo que subes, si entrena modelos y si puedes pedir que lo borre?
• Prueba real: ¿puedes probarla con tus propios casos antes de pagar?
• Ajuste a tu flujo: búsqueda, revisión, transcripción o redacción; ninguna herramienta es igual de buena en todo.

Constitucional AI es una plataforma de inteligencia artificial legal para abogados y estudios jurídicos en Chile. Su asistente busca primero en una base de más de 90.000 documentos chilenos —sentencias, dictámenes, oficios y circulares— y responde citando cada uno con tribunal, rol, fecha y enlace, para que verifiques la fuente antes de usarla. Si la base no tiene cómo responder, te lo dice.

• Búsqueda de jurisprudencia en lenguaje natural.
• Expertos por materia: asistentes especializados por área del derecho.
• Transcripción de audiencias.
• Los documentos que subes se usan solo para responderte y no entrenan modelos de IA.

Tus primeras 5 consultas son gratis y recibes 5 créditos de regalo al registrarte, sin tarjeta de crédito.

• Jurisprudencia por materia: fallos chilenos ordenados por área, con su ficha pública.
• Regulación de la Inteligencia Artificial en Chile: qué dice el proyecto de ley 2026
• Ley 21.719 de datos personales en Chile: cómo la IA legal apoya el cumplimiento en estudios jurídicos
• IA legal para abogados: guía práctica 2026 (Chile)
• Cómo buscar jurisprudencia de la Corte Suprema en Chile con IA